Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta pusieron en pausa la buena relación personal y política que mantienen al protagonizar este lunes un fuerte debate en torno a las consecuencias del rechazo del Presupuesto votado el viernes en la Cámara de Diputados.
Para entender la polémica hay que retrotraerse 24 horas. El domingo, el presidente de la Cámara de Diputados les envió un mensaje a los gobernadores en el que les indicaba que tendrán que rehacer sus presupuesto o recortar gastos. Su advertencia generó la reacción de la oposición, entre ellos el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y los diputados que responden a Juan Schiaretti en Córdoba.
Esta mañana se sumó Rodríguez Larreta, quien definió las palabras de Massa como una amenaza. “Cuando veo que amenazan a las provincias con que van a tener menos fondos, no muestran vocación de diálogo”, aseguró en un acto en donde presentó -nuevamente- el programa de tareas laborales para alumnos de quinto año.
Massa, uno de los principales líderes del Frente de Todos, recogió el guante. “Tal vez no se entienda o no saben cómo funciona el Presupuesto”, chicaneó en redes sociales. Y desarrolló: “Les reitero sin ninguna consideración el 1º de los 4 informes que surgen como resultado del rechazo al Presupuesto”.
“No lo hago de gusto, solo cumplo con mi responsabilidad institucional de informar con base en el funcionamiento de la Ley de Coparticipación Federal que se sustenta en la Constitución Nacional”, completó en un posteo que incluyó un informe sobre las implicancias del rechazo a la ley que había girado el gobierno nacional.
El informe señala que el primer efecto negativo se verificará de manera directa en los recursos coparticipables del impuesto sobre los bienes personales, por el que al 30 de noviembre pasado el Gobierno nacional llevaba recaudados cerca de $246.000 millones.
En diciembre de 2019, la mayoría oficialista en el Congreso sancionó la ley de emergencia delegando en el Ejecutivo la potestad de aumentar hasta 100% y hasta por dos ejercicios (2019 y 2020) las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales. Para la escala superior, de patrimonios personales superiores a $ 18 millones, la alícuota se elevó de 1,25% a 2,25 por ciento.
El proyecto de presupuesto contemplaba la prórroga de esta facultad delegada. Como el proyecto fue rechazado, la tasa máxima del impuesto será del 1,25% para el período fiscal 2021. Esto tendrá un efecto inmediato sobre la masa coparticipable: $76.312 millones no se girarán durante el 2022 a las Provincias y CABA por esta menor recaudación.
Asimismo, el segundo impacto negativo a nivel tributario será la reducción de la recaudación en el impuesto a las ganancias dado que se comenzará a aplicar de manera “plena” el ajuste por inflación impositivo. Esto impactará en un efecto inmediato sobre la masa coparticipable: $104.254 millones no se girarán durante el 2022 a las Provincias y CABA por esta menor recaudación.
Además, como la ley de presupuesto nacional rechazada en el Congreso incluía una suba extra al “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País”, de $27.000 millones a $46.000 millones, muchas provincias perderían cerca de $ 19.000 millones extras de subsidios al transporte.
Por otro lado, las provincias perderá también otros beneficios previstos en el proyecto, entre los que se destacan: la posibilidad de establecer Áreas Aduaneras especiales y ampliar las zonas francas existentes (esto genera una fuerte pérdida de oportunidades para provincias como Misiones, Mendoza, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, Salta); el Plan plurianual de obras por un monto de $902.685 millones; el régimen de refinanciación de deudas con Cammesa (que afecta directamente a las provincias de Chubut, Mendoza, Jujuy, Buenos Aires, Misiones, La Rioja, Córdoba y Neuquén; y AMBA); y el cumplimiento de pago para los juicios ganados por las Provincias de Santa Fe y La Pampa.
Del mismo modo, los sistemas de salud provinciales tampoco podrán acceder a un beneficio importante como la devolución de IVA; así como muchas empresas y organismos estratégicos para el país, no lograrán contar con beneficios fiscales, tales los casos de INVAP (Rio Negro), y IMPSA y Salto Grande (Entre Ríos), entre otros.
