El presidente Alberto Fernández anunció este viernes la decisión de declarar como "servicios públicos esenciales" a la telefonía celular, los servicios de Internet y la televisión paga con el objetivo de garantizar el acceso a toda la población.
A través de su cuenta de Twitter, manifestó: "De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado". "El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado", advirtió.
"La educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar. Por eso hemos ordenado que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen", agregó el jefe del Estado.
La medida se tomará mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que se publicará esta noche en el Boletín Oficial.
Además de declarar a la telefonía celular y fija, a los servicios de Internet y a la TV paga como servicios públicos esenciales, la norma dispondrá el congelamiento de los precios hasta el 31 de diciembre próximo.
Tampoco podrá haber aumento de tarifas en el futuro sin previa autorización del Estado, y ya no estará sujeta a la decisión exclusiva de las empresas, indicó Télam.
En los últimos días, las empresas de telefonía celular comenzaron a enviar a sus clientes las comunicaciones sobre los nuevos cuadros tarifarios que empezarían a regir desde septiembre.
Como legalmente tienen que notificar con tiempo los incrementos y el acuerdo vencía este 31 de agosto, anunciaron que aplicarán aumentos que en promedio se ubican en el 11%, aunque depende del servicio y de la empresa.
A fines de agosto terminará el convenio entre el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y las empresas de telefonía y por eso las compañías empezaron a notificar el ajuste.
Los puntos principales del decreto
- Hasta el 31 de diciembre próximo las tarifas de esos servicios permanecerán congeladas.
- Para aplicar incrementos, las empresas deberán contar con autorización del Estado.
- El Gobierno aseguró que "la educación, el acceso al conocimiento, la cultura y la comunicación son derechos básicos".
- Se pondrán en marcha "planes inclusivos de prestación básica universal y obligatoria" para los sectores más vulnerables.
