A punto de cumplirse cuatro meses del intento de asesinato contra la vicepresidenta iCristina Kirchner, la causa judicial que intenta esclarecer quiénes estuvieron detrás de ese ataque se reactiva: este martes tendrá que volver a tribunales el jefe de los “copitos”, Nicolás Gabriel Carrizo, para que le exhiban los mensajes que fueron encontrados en su celular luego de su procesamiento. “Recién intentamos matar a Cristina”, decía uno de esos textos. El procesamiento de Carrizo, que está preso desde el 13 de septiembre, ya fue dictado como partícipe secundario del atentado, pero la querella reclama que se lo acuse de asociación ilícita junto al hombre que apuntó contra Cristina Kirchner, Fernando Sabag Montiel; y su pareja, Brenda Uliarte, procesados como coautores de intento de homicidio agravado.
La indagatoria de Carrizo fue ordenada por la Cámara Federal el 29 de diciembre pasado, en un voto dividido. La declaración fue fijada para los primeros días de enero, pero el abogado de Carrizo, Gastón Marano, pidió una postergación porque no se encontraba en Buenos Aires. La citación, finalmente, quedó para el 31 de enero, a primera hora. Ese día, entonces, Carrizo será trasladado desde la cárcel de Marcos Paz a los tribunales de Retiro para que le exhiban los mensajes en donde, según muestra su celular, escribió en la noche del 1 de septiembre: ”Recordá esta fecha”, “Esta hdp (sic) ya está muerta”, “No sabés que hicimos con esto”, “Generar miedo”, “Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo”. A la mañana del día después, el 2 de septiembre, Carrizo insistió: “Es un golpe que le dimos al gobierno” y “esto se va a poner peor”.
Carrizo ya fue procesado precisamente por el tenor de los mensajes que se encontraron en su teléfono cuando lo entregó voluntariamente al declarar como testigo. Ahí decía: “Esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal. Es un pelotudo”. En su descargo, el jefe de los copitos insistió en que todo se trató de una broma. “Soy de hacer jodas pesadas, no tuve nada que ver”, insistió.
Por la causa están presos, además de Carrizo, Sabag Montiel y Brenda Uliarte. Fue el 22 de abril del 2022 cuando comenzó a planearse el intento de asesinato a Cristina Kirchner. Ese día, la joven le contó a su amiga Serena que había comprado un arma porque un ex la estaba molestando. “Sí, tengo un fierro; lo compré porque mi ex está jede (pesado)”, le dijo. También le contó a su amigo Fran. “Tranqui, no va a pasar nada… es mío el fierro”. Tres meses después, el 4 de julio, Brenda le reveló a Agustina Díaz, su amiga agendada como “Amor de mi vida”: “Voy con el fierro y le pego un tiro a Cristina… me dan los ovarios para hacerlo … el tema es cómo porque la vieja tiene seguridad”.
Sabag fue atrapado por militantes de La Campora apenas momentos después de que le apuntara a la cara una Bersa calibre .32, que gatilló al menos una vez. La bala no salió porque no estaba cargada en la recámara. Su novia desapareció del lugar: llamó a varios conocidos, se fue a dormir a la casa de un ex novio, luego se encontró con los “copitos” y apareció en tevé junto a Carrizo para decir que ella no tenía nada que ver.
El domingo 4 de septiembre, cuatro días después del atentado, fue detenida en la estación ferroviaria de Palermo. Un secretario judicial de Capuchetti ordenó parar el tren para poder arrestarla cuando ya estaban sobre ella y la mujer quería escapar. Están con procesamiento firme desde el 15 de septiembre porque sus defensas no apelaron. Por eso también los tiempos judiciales apuran una elevación a juicio oral sobre los detenidos, mientras después puedan seguir investigándose otras aristas, señalan en tribunales en diálogo con Infobae.
Pero la querella de la vicepresidenta cree que hay más personas involucradas en su intento de homicidio. Acusó a la agrupación Revolución Federal y el financiamiento que, según planteó, recibió de la empresa Caputo Hermanos, propiedad de familiares de un ex alto funcionario de Mauricio Macri Luis Caputo. Ni la jueza María Eugenia Capuchetti ni el fiscal Carlos Rívolo encontraron elementos para ligar directamente a Revolución Federal en el hecho. Las actividades de esa agrupación se investigan en el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi, con el impulso del fiscal Gerardo Pollicita.
Precisamente, en las últimas horas de actividad judicial de 2022, Cristina Kirchner también anunció vía sus redes sociales que pedía de nuevo la detención de Jonathan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, integrantes de la agrupación Revolución Federal, al entender que informes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria los vinculan con el intento de homicidio de la ex jefa de Estado. También pidió la citación a indagatoria de Rossana Caputo por el financiamiento al grupo y el allanamiento y el secuestro del celular de Ximena De Tezanos Pinto, la vecina de Cristina Kirchner en el edificio de Recoleta. Pero el juez Martínez de Giorgi rechazó esos planteos.
Se descuenta que la querella apelará la decisión cuando se reanude la actividad judicial a partir del miércoles 1 de febrero. Eso quedará en manos de la Sala I de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Ellos son los que también tiene bajo estudio si confirman o revocan el procesamiento sin prisión preventiva a Jonatan Morel, Gaston Guerra, Leonardo Sosa y Sabrina Basile, integrantes de la agrupación Revolución Federal. El juez los encontró responsables de formar una agrupación que buscaba “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. La pena tiene hasta 8 años de prisión. Los embargó por 9 millones de pesos.
Los imputados habían sido detenidos el 20 de octubre pasado. Pero la Cámara Federal los dejó libres porque así lo habilita el mínimo de la pena, porque no tenían antecedentes penales y porque la prueba de la causa ya estaba secuestrada. La decisión provocó las críticas abiertas de la vicepresidenta Cristina Kirchner y del presidente de la Nación, Alberto Fernández.
Pero no es la única decisión de peso que tiene bajo su órbita la Cámara Federal. También está otra de las aristas que puso en foco Cristina Kirchner en la investigación por el atentado: la que apunta a la supuesta conexión del diputado del PRO Gerardo Millman en su intento de homicidio, en lo que se dio en llamar la pista Casablanca. Todo nació por la declaración que hizo en la causa Jorge Abello, un ex diputado provincial de Santa Fe que en los tiempos macristas se dedicó a ser chofer de Uber -según las entrevistas que dio en su momento- y que actualmente trabaja como asesor legislativo a las ordenes de Marcos Cleri, diputado del FDT por Santa Fe.
Abello se presentó a declarar en los tribunales de Comodoro Py 2002 a las 17 horas del viernes 23 de septiembre. Tal como reveló Infobae en su momento, Abello aseguró que el 30 de agosto había ido a una reunión en el anexo de Diputados y que terminó almorzando, junto a su cuñado, ajeno a la política, en el restaurant Casablanca, en la esquina del Congreso. “Pedimos el menú del día, no recuerdo concretamente qué plato era. Me pongo a hablar con mi cuñado del lío que era Buenos Aires y empezamos a comer y mirando lo veo a Gerardo Milman y me llama la atención la forma en la que estaba vestido. Tenía un pantalón todo rasgado, como de una onda moderna, pero inadecuado para su edad. Se encontraba con dos chicas muy bonitas, jóvenes y muy bien vestidas, ellas estaban de espalda a mí y nunca les pude ver la cara”, explicó.
Abello dijo que “todo eso me llamo la atención” mientras su cuñado “estaba muy entretenido con lo que se hablaba en una mesa de al lado, sobre fútbol”. Es más: estaba Mario Leito, el presidente de Atlético Tucumán, le dijo. “Volviendo, entre esas conversaciones, a voz alzada escucho con mis propios oídos que Milman dice textual ‘cuando la maten yo estoy camino a la costa’, a lo cual una de las mujeres le pregunta por el chofer algo así como ‘y tu chofer?’ y él le contesta: ‘Lo mando a Tucumán porque es un hablador al pedo’. Eso fue todo lo que escuché, después siguieron las bromas, los chistes, él se paró, saludó a unas personas por ahí y pagamos nosotros y nos fuimos”.
“No recuerdo si Milman se fue primero del lugar o nosotros. Mi cuñado no escuchó nada de lo que él dijo, hicimos algún comentario de la billetera y el galán, y elogiábamos de lo bonitas que eran las chicas. Yo cuando sucedió esta conversación que escuché estaba como mucho a dos metros. Salimos de ahí, tomamos el subte A hasta Perú, y de ahí nos fuimos hasta juramento con la línea D y fuimos caminando hasta casa. De este tema no se habló más”, afirmó.
La jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo buscaron las cámaras de la Ciudad para saber si Milman estuvo alli y confirmaron que había estado e identificaron a las dos colaboradoras del diputado del PRO: Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, a las que llevaron a declarar como testigos cuando se debatía la ley de Presupuesto en el Congreso. Gómez Mónaco, ex Miss Argentina en 2012, fue directora de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad durante la gestión macrista.
En esa declaración, la querella pidió a la jueza que les secuestrara los teléfonos a las mujeres. La jueza entendió que ese pedido no estaba fundado. Eso quebró definitivamente el vinculo entre la magistrada y Cristina Kirchner, que por redes sociales acusó a la jueza de obstruir la investigación y motorizó su recusación.
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La Cámara Federal respaldó a la jueza. Pero la querella apeló ante la Cámara Federal de Casación Federal, en un recuso que le fue concedido. Con esa decisión, el caso quedó radicado en la Sala II del máximo tribunal penal federal. La decisión sobre el planteo contra Capuchetti está en manos del juez Guillermo Jorge Yacobucci.
Pero apenas sucedió la recusación, la jueza delegó la investigación en manos de Rívolo. Y en ese contexto la Cámara Federal habilitó a que fueran inspeccionados los teléfonos de las colaboradoras, a la vez de profundizar la pista Casablanca: instó a llamar a declarar de nuevo a Abello y escuchar a los diputados Marcos Cleri, y a su colega Mario Leito. Leito declaró desde Qatar, por videoconferencia, que no escuchó nada.
Según la declaración a la que accedió Infobae, Cleri, en tanto, confirmó haber recibido el mensaje de su asesor por esas horas y afirmó que se lo reportó una semana más tarde al diputado Rodolfo Tailhade y al equipo jurídico de la vicepresidenta. Fue el 7 de septiembre. Cuando le preguntaron si no consideró la urgencia y la importancia del mensaje para informaron a la justicia, el testigo respondió que confió en que Abello se presentara a la Justicia. Lo hizo el 23 de septiembre. Abello nunca volvió a declarar. Cuando estaban por citarlo, sufrió un ACV que derivó en su internación. Apenas se conoció su versión de los hechos, Milman lo denunció por falso testimonio. Esa causa se instruye en otro juzgado.
El fiscal Rívolo volvió a citar a las secretarias de Milman a declarar el 1 de diciembre. Las dos insistieron en que Milman no había dicho eso. Cuando les pidieron los teléfonos, una de ellas aclaró que cambió el aparato del teléfono, aunque explicó que el anterior lo tenía una hermana suya y podía aportarlo. La otra reconoció que lo había borrado después de asesorarse porque tenía fotos íntimas que no quería que se filtraran. Días después volvió para decir que había podido acceder al viejo contenido y lo entregó. La discusión ahora está en determinar qué se extraerá de esos teléfonos. La querella pretende investigar todos los mensajes desde varios meses antes del ataque, para la jueza el análisis es más acotado. Lo terminará resolviendo la Cámara Federal.
Fuente: Infobae
