Patricia Bullrich quiere sacar a los represores del Complejo Penitenciario VII de Ezeiza, donde los visitaron el año pasado diputados de La Libertad Avanza (LLA), y trasladarlos a la Unidad 34 de Campo de Mayo, que los organismos de derechos humanos denuncian como una cárcel VIP. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) informó de su intención a distintos tribunales de Comodoro Py. Alfredo Astiz ya pidió que le asignen una celda individual.
El 16 de abril pasado, el director de régimen correccional del SPF, Gabriel Esteban Aquino, le informó al Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad de Buenos Aires que querían vaciar la que anteriormente se conocía como Unidad 31 de Ezeiza. El argumento invocado es que hay sobrepoblación carcelaria y que se necesitan esas plazas para alojar a mujeres.
El Complejo VII está dividido en dos áreas: una destinada a mujeres y otra destinada mayoritariamente a condenados por crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con la información que proporcionó Aquino, la unidad tiene 585 plazas y hay actualmente 506 internas. Dijo que hay 371 mujeres a la espera de ingresar al SPF. Según la versión del SPF, ese complejo pasará la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, que viene alojando a sus detenidos en comisarías y está expuesto a constantes fugas.
Lo que quiere hacer Bullrich es vaciar los pabellones 5,7 y 8, donde hay 19 represores presos. En ese sentido, el SPF le informó al TOF 5 –que juzgó los crímenes en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)-- que propiciaría el traslado hacia Campo de Mayo de Astiz, Ricardo Cavallo, Rodolfo Cionchi, Alberto González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Miguel Donda, Jorge Radice, Antonio Pernías y Luis Navarro.
Astiz, Cavallo y Pernías reclamaron celdas individuales para que no se “agraven” sus condiciones de detención, lo que implica que ya las tenían, y que les permitan seguir usando Skype para comunicarse con sus familias. El TOF 5 respondió que no se oponía al traslado ni a los pedidos.
El TOF 2 –que juzgó los crímenes en el circuito compuesto por los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo– recibió una comunicación similar para Juan Carlos Avena, Luis Donocik, Gerardo Arráez y Miguel Ángel Britos. Avena, por ejemplo, se resiste a que lo manden a Campo de Mayo. Pidió ser trasladado a la Unidad 19 del SPF, que son unas casitas que están instaladas en Ezeiza.
Desde el Ministerio de Seguridad contestan que la Unidad 34 tiene todas las comodidades y que enviarán también a los celadores que los trataban en Ezeiza. Remarcan también la proximidad con el Hospital Militar de Campo de Mayo.
Hay otros represores que están alojados en esos pabellones como Manuel Cordero Piacentini, condenado por los crímenes del Plan Cóndor, o Marcelo Cinto Courtaux, oficial de inteligencia condenado por los secuestros, desapariciones y asesinatos de militantes montoneros que participaban de la Contraofensiva. El hijo homónimo de Cinto Courtaux trabaja con Victoria Villarruel en el Senado. Por lo que se pudo saber, el SPF no solicitó todavía su traslado a los tribunales que los tienen a su cargo.
“Rechazamos categóricamente la posibilidad de que los genocidas tengan privilegios. Nunca buscamos venganza, sí justicia”, remarcaron desde H.I.J.O.S Capital al dar a conocer la intentona de Bullrich. “La situación de las cárceles de nuestro país debe resolverse de forma urgente para garantizar los derechos de todas las personas privadas de la libertad. El traslado de los genocidas a Campo de Mayo no constituye una solución a la sobrepoblación carcelaria que afecta a casi la totalidad de las personas detenidas”, añadieron.
“La decisión de Bullrich de trasladar a los genocidas de la cárcel de Ezeiza, donde ya gozan de condiciones de detención de privilegio, al lugar de detención de Campo de Mayo –al que no se puede llamar cárcel– es un paso más en el camino iniciado por el actual gobierno para lograr la impunidad de los genocidas y mentir sistemáticamente sobre la dictadura militar, el terrrorismo de Estado y la desaparición de personas”, afirma Mabel Careaga, hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las tres Madres de Plaza de Mayo secuestradas tras la infiltración de Astiz.
Osvaldo Barros estuvo secuestrado en la ESMA junto a su compañera. “Nosotros repudiamos la decisión de Bullrich. Son avances hacia la impunidad de los genocidas. Campo de Mayo es una cárcel VIP y los genocidas deben estar en las cárceles comunes”, resalta el integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD).
